¡Ay, el fraude!

En esta bitácora se ha repetido con insistencia que el cumplimiento tributario, en tiempo y forma, dignifica nuestra condición de ciudadanos, amén de que es la vía idónea para que -a través de los recursos públicos- se procure la siempre deseable igualdad de oportunidades, base sobre la que se cimienta la auténtica solidaridad social. Y, consecuentemente con ello, también hemos insistido en que la lucha contra el fraude fiscal debe ser uno de los objetivos primordiales tanto de nuestra legislación como de la actividad administrativa.
Pero siendo ello así, también hemos apuntado de un modo reiterado que esa persecución del fraude no puede ser un cheque en blanco, una cruzada en la que “el fin justifique los medios”, pues los contribuyentes tienen derechos (algunos de ellos incluso con la máxima protección constitucional) que no pueden ser violados en aras de esa pretensión de dotar de los siempre necesarios recursos a las arcas públicas.

Y la reciente publicación de la sustancial reforma de la Ley General Tributaria es un ejemplo palmario de cómo el interés general, en más ocasiones de las que sería deseable, se eleva a categoría absoluta, permitiéndose (ya incluso en sede parlamentaria) que gran parte del estatus jurídico del ciudadano (en su faceta de contribuyente) quede laminado en pos del pretendido bien común.

Todo ello viene al hilo de la confluencia de dos noticias que, recientemente, han situado el fraude fiscal en el centro del foco de la atención informativa. Veamos:

-. La Fundación FUNCAS ha divulgado un informe en el que evalúa el volumen de la economía sumergida, dato que -por obvios motivos- siempre es un misterio dentro de un enigma. En él se apunta a sectores tales como la construcción, comercio, restauración o inmobiliario (entre otros) como aquellos donde se focalizaría con mayor intensidad la actividad “informal” (¡toma eufemismo!). Para España se estima un 22 % de la actividad económica oculta, manteniendo esta una tendencia creciente (se asume que en 1975, por ejemplo, esta sería de un 10 %). Además, su crecimiento no es parejo al del PIB, pues si este se duplicó entre 1980 y 2008, aquella se habría cuadriplicado en ese mismo período.

En paralelo, se hace una estimación del nivel de ingresos públicos perdidos por la existencia de esa magra actividad oculta, siendo así que este se cifra en el 6’8 % del PIB (algo inferior a la media europea ubicada en el 7 %), magnitud que -de no haberse ido por la alcantarilla- habría permitido reducir muy sensiblemente nuestro abultado déficit público. En fin, el cuento de la lechera (o, en su caso, las cuentas del Gran Capitán).

-. En paralelo, desde la propia AEAT, se divulga que esta “prevé cerrar 2015 con 13.500 millones de euros de resultados por lucha contra el fraude” y, además, de confirmarse ese dato, se “superaría así en 1.200 millones de euros los resultados obtenidos el año pasado, que fueron los mayores de su historia”.

Esta última información me suscita varias reflexiones:

Siendo loable que la actividad antifraude desplegada por la AEAT sea exitosa (todos debemos congratularnos por ello, máxime teniendo en cuenta ese 6’8 % del PIB que parece representar), no tengo tan claro que la adecuada medida de ese éxito venga dada por la generación de sucesivos récords anuales en la cuantía del supuesto fraude detectado.

Porque yo me pregunto: si cada año se detecta más fraude, ¿no es eso un obvio fracaso nacional? Quizá sea un éxito cortoplacista de la Administración tributaria -no lo niego-, pero un país en el que año a año se “aflora” más fraude no parece que tenga un sistema (¿!) tributario precisamente ejemplar, sino que más bien este se asemejaría a un queso gruyer plagado de agujeros que la actividad administrativa, con una ímproba y meritoria labor, trata de atajar. Eso ya por no hablar de la educación cívico-tributaria que, en España, salvo contadas y loables iniciativas, ni está ni se la espera en el ámbito escolar… y, claro, así nos va.

Es decir, que una lucha contra el fraude (cuando, cuantitativamente, se proyecta sine die e in crescendo y eso, además, se vende como un éxito) no hace sino evidenciar que es una agotadora carrera contra nuestra propia sombra…

Discrepo, una y otra vez, con esa machacona equiparación que desde las instancias públicas se hace entre lo regularizado y lo fraudulento. Para evitar repeticiones innecesarias, en este concreto punto no me queda más que remitirme a las consideraciones hechas ya en su día a este respecto en esta misma “bitácora”.

Y aunque no soy experto en contabilidad pública -por lo que pido disculpas desde ya, si mis consideraciones a este respecto fueran erróneas-, estas magnitudes siempre me generan una inquietud que no logro sosegar.

Me explico: las actuaciones de regularización (lo que la AEAT llama “antifraude”, aunque no todo lo sea) es obvio que, como toda actividad administrativa, se plasman en actos que, por obra y gracia de la Ley 30/1992 (ese paradigma de “elevada” técnica legislativa), se presumen legales. Ergo esa presunción de legalidad asumo que es la que debe de permitir que todo acuerdo de liquidación, ya per se, se incorpore a la contabilidad nacional como un derecho de crédito (siempre que no haya venido acompañado de su cobro, pues en tal caso engrosará la partida de liquidez) que el Estado anota en su activo, ¿no? Y, así, entiendo que la suma de miles y miles de acuerdos de liquidación vendrán a engrosar las cuentas públicas que el Reino de España presenta ante sus órganos “¿supervisores?” (léase, BCE, FMI, OCDE, …) y, obviamente, también a sus acreedores (esos fantasmagóricos “mercados”) y -¡por qué no!- incluso a las ya célebres agencias de calificación.

Digo esto porque, según trascendió en su día (y de esto no hace tanto como para que los datos sean ya obsoletos), la AEAT reconoce que ya en la propia vía administrativa pierde el 30 % de los recursos interpuestos por los contribuyentes, y otro 30 % de los que llegan a la vía judicial (todo ello resultante de la impugnación de un exiguo 2 % de sus 16.000.000 de actos administrativos anuales -que, aún así, supone la nada desdeñable cifra de ¡320.000 recursos/año!-, lo que tampoco presupone que el 98 % restante sea jurídicamente impecable).

Aunque desconocemos cuántos pleitos se quedan en el “salto” de la vía administrativa a la judicial (la genuina incógnita que nos haría despejar la ecuación del resultado global de la litigiosidad tributaria a nivel nacional), lo cierto es que no parece descabellado entender que el grado de falibilidad jurídica de las actuaciones administrativas del erario público se aproxima al 50 %. Y, además, cabe entender que ese 2 % de actos impugnados no tiene porqué identificarse necesariamente con ese mismo porcentaje sobre la cuantía liquidada; más bien, por pura lógica, habrá de suponer un ratio sensiblemente superior sobre la deuda liquidada pues es obvio que los contribuyentes son más proclives a defenderse cuanto mayor sea el importe que se les exige.

Si esto es así (admítase esa asunción, a los meros efectos dialécticos), ¿quiérese decir que de los 13.500 millones de euros de “deuda levantada” en la lucha contra el fraude, un porcentaje X será papel mojado a medio plazo por resultar jurídicamente insostenible? Porque de ser acertada esta lectura (insisto, mis conocimientos de contabilidad pública no me permiten más que elucubrar), ¿qué nivel de solvencia tienen esos acuerdos de liquidación que engrosan nuestro activo nacional?, ¿soportarían un “test de estrés” (¡qué expresión tan insoportable!)?

Y, cuando parte de esos créditos han de darse de baja por resultar jurídicamente insostenibles, ¿cómo se cubre ese “agujero”? ¿Quizá con nuevos “acuerdos de liquidación”? Porque si fuera así (no digo que lo sea, es una mera hipótesis), esa mecánica se asemejaría (si se me permite –salvando las obvias diferencias- la comparación) a una suerte de pirámide financiera, ¿no? Y ya se sabe que el único modo de mantener esas pirámides es mediante el continuo ensanchamiento de su base, no hay otro…

 

No te quedes con ninguna duda: consulta con tu gestor administrativo.

Busca el logo , garantía profesional.

SIGA

Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

Esta entrada fue publicada en Fiscal y etiquetada , , , , , , , , , . Guarda el enlace permanente.

5 respuestas a ¡Ay, el fraude!

  1. Alberto dijo:

    Muy de acuerdo Javier.

    Un abrazo.

  2. Pingback: ¿Qué hay del fraude?

  3. Laura dijo:

    Siempre se aprende leyendo tus post.
    Muy bueno.
    Un saludo Javier

  4. Pingback: El hábitat de la AEAT: ¿un matrix? | Espacio Tributario

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

*

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>