And now… tax news from ‘Españistán’

Cuentan las crónicas que al sur de Europa, en los confines entre las Galias y Lusitania, y bañado por el Mediterráneo, Cantábrico y Atlántico, hay un vasto territorio conocido como Españistán, habitado por un indómito pueblo. Pese a su azarosa historia y, especialmente, a los reiterados intentos de autodestrucción, lo cierto es que el país, mal que bien, iba trampeando y sobreponiéndose, una y otra vez, a sus sucesivos tropiezos…

Fue tan así que hasta llegaron a admitirle como miembro de pleno derecho en Europa, un selecto club de países que se caracterizaban por su seriedad, hasta el punto de que una parte sustancial de la población carpetovetónica recelaba de las auténticas intenciones de estos, lo que alentó la proliferación de advertencias tales como “que inventen ellos” o “África empieza en los Pirineos”. Sea como fuere, desde mediados de los 80 del pasado siglo XX, Españistán es miembro de ese club y, no contenta con ello, apenas dos décadas después también pasó a formar parte del grupo de socios pioneros que adoptaron su moneda común: el euro.

Pero -siempre hay un “pero”- lo cierto es que la pertenencia a ese club, además de sus supuestas ventajas, también suponía asumir obligaciones y compromisos; entre otros, alguna relevante (y no del todo bien explicada) cesión de soberanía… Y fue así como el tiempo pasó y, tras unos primeros pasos vacilantes, ese pueblo celtíbero fue tomando consciencia de su condición europea, e incluso algunas de sus instituciones (singularmente los órganos judiciales) también fueron adoptando modos y maneras propios de su pertenencia a esa organización supranacional.

Por ejemplo, los ciudadanos, en su faceta de contribuyentes, comenzaron a reclamar que Españistán respetara esas reglas que, emanadas desde los órganos del propio club, le vinculaban, pues a ello se había comprometido cuando había gestionado su alta. Al Gobierno de Españistán, sin embargo, no le emocionaba que desde la gerencia del club le marcaran sus pautas de actuación, y pretendía seguir campando a sus anchas: le gustaba eso de ser socio y presumir de alto estatus internacional pero, a la vez, prefería que nadie se metiera en sus asuntos internos y seguir mandando como si el país se tratara de un mero patio de vecinos.

El pueblo, sin embargo, era persistente por naturaleza, y fue así como logró que desde el núcleo duro del club se llamara la atención una y otra vez a los gobernantes locales; sobre todo gracias a aquellos pioneros, genuinos héroes nacionales contemporáneos, que se batieron el cobre defendiendo lo que creían era de justicia: Gabalfrisa, Transportes Urbanos, o Jordi Besora, por ejemplo, son algunos de los valientes a los que debería dedicarse una calle en todo pueblo o ciudad de Españistán. Su persistencia y coraje deberían ser el espejo en el que se miraran las generaciones venideras.

Y en medio de ese maremágnum de varapalos que desde la directiva del club se daba a Españistán, llegó uno muy importante (quizá el que más) pero que, cosas de “celtiberia show”, no tuvo demasiado eco fuera de ese ya célebre “depravado grupo” dedicado al derecho tributario: el 17 de septiembre de 2010, el Tribunal Supremo (TS) dictó una sentencia en la que, mediando el previo pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo del 26 de enero de 2010 respondiendo a una cuestión prejudicial planteada precisamente por el propio TS hispano, declaró formal y oficialmente que “no constituye obstáculo para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial (…) el hecho de que no impugnara las liquidaciones tributarias (…) en las que se había aplicado la regla (…) declarada contraria al Derecho comunitario”.

De este modo tan palmario, el TS equiparó la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador (es decir, el derecho a ser indemnizado con motivo de una actuación antijurídica del poder Legislativo) resultante de normas anticonstitucionales, con la derivada de disposiciones contrarias al ordenamiento comunitario. Así, el TS superó y rectificó su jurisprudencia previa en la que había venido sosteniendo que “el aquietamiento del particular con los actos aplicativos de una norma declarada (…) contraria al Derecho Comunitario le impide el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial por rotura del nexo causal”.

Ergo tras ese pronunciamiento judicial, ya es del todo pacífico que la responsabilidad patrimonial del Estado legislador por la violación de disposiciones comunitarias no exige que el contribuyente reclamante haya impugnado en tiempo y forma las liquidaciones mediante las que ingresó/soportó esa exacción ilegal, siendo suficiente con que inste en el plazo legalmente estipulado el pertinente procedimiento de responsabilidad (y, obviamente, que esta exista).

Es, sin embargo, a partir de ahí cuando va aflorando la idiosincrasia tan propia de Españistán, esa que lo hace “different” (tal y como rezaba un célebre reclamo turístico del pasado siglo), pues el mismísimo Consejo de Estado, en su Dictamen 128/2013 de 25/4, desatiende esta interpretación judicial y resucita la tesis de que la no impugnación de las actuaciones administrativas en las que se manifestó el daño económico impide que prospere la pretensión de la responsabilidad patrimonial.

Ítem más: ya solo era cuestión de tiempo que el Consejo de Ministros tuviera que pronunciarse sobre las peticiones (algunas fuentes las cifran en próximas a las 1.400, por un importe global que rondaría los 100 millones de euros) de indemnizaciones derivadas del triste episodio del “céntimo sanitario”, siendo así que, en su reunión del pasado 27 de febrero (celebrando, de este peculiar modo, el primer aniversario de la sentencia “Jordi Besora”), el Gobierno aprobó una retahíla de resoluciones mediante las que desestima la pretendida responsabilidad patrimonial del Estado legislador, considerando que -al margen de otras consideraciones que ya serían, por sí solas, acreedoras de un detenido estudio-  “existen otras razones atinentes a la cuestión de fondo que imponen asimismo la desestimación de las presentes reclamaciones, que cabe sintetizar en (…) la intangibilidad de las situaciones firmes”.

Lo llamativo del caso es que el Consejo de Ministros confiesa conocer la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 26 de enero de 2010 (no así -¡qué curioso!-la del TS del 17 de septiembre de 2010 de la que omite toda referencia, pese a ser esta la razón de ser del previo pronunciamiento del TJUE, pues este -como antes se indicó- versaba sobre una cuestión prejudicial planteada precisamente por aquel) pero ello no le impide afirmar sin rubor que “dicho criterio en nada altera la conclusión sentada respecto a la intangibilidad de las situaciones firmes habidas con anterioridad al pronunciamiento que declara el incumplimiento del Derecho de la Unión”.

Ahora, a esa peculiar conclusión no llega en solitario sino con el apoyo del argumento que le brinda en bandeja el mismísimo Consejo de Estado en su dictamen del pasado 22 de enero: “También se ha recordado asimismo esta doctrina, contenida en numerosos dictámenes a propósito de la eventual devolución de ingresos tributarios, haciendo explícito que la regla de la eficacia retroactiva de lo resuelto por el Tribunal de Justicia encuentra sus límites en la regulación interna de los procesos de devolución, que pueden considerar como tales la prescripción de la deuda y la firmeza de los actos administrativos”.

Pero vamos a ver: ¿cómo se puede mixturar (confundiéndolos) el marco jurídico relativo al procedimiento de devolución de ingresos indebidos con el de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador?

Entiendo que esta interpretación, tal y como ya apunté en su día, “no es ortodoxa pues pretende atribuir a la aquiescencia de los contribuyentes (…) una trascendencia que no es tal. Y no lo es, no puede serlo” pues “(…) el Estado niega la indemnización trayendo a colación la teoría de los “actos propios”, interpretando que la firmeza de las liquidaciones (…) priva a la pretensión de los contribuyentes de efectividad alguna”, cuando lo cierto es que el propio Tribunal Supremo, en su ya referida sentencia del 17 de septiembre de 2010, descartó que esa firmeza constituyera obstáculo alguno que eximiera de la obligación de indemnizar a los administrados.

Todo ello sea dicho sin abundar demasiado en otros aspectos de esas resoluciones del Consejo de Ministros también del todo inaceptables desde una perspectiva estrictamente jurídica, tales como, por ejemplo:

-. Que el hecho de que tres TSJ se pronunciaran, antes de la sentencia del TJUE, a favor de la compatibilidad del IVMDH con la normativa comunitaria evidencia lo resbaladizo del asunto enjuiciado en cuanto a la apreciación de una flagrante vulneración de las disposiciones europeas. El argumento creo que es falaz: el TSJ-Cataluña acertó, hizo lo correcto, planteando ante el TJUE la cuestión prejudicial que derivó en la sentencia del 27 de febrero de 2014…, sin embargo la errónea “lectura” de otros TSJ,  ¿viene a avalar ahora la ausencia de responsabilidad patrimonial del Estado?

-. Que ninguna de las sentencias recaídas ya tras la del TJUE ha condenado en costas a la Administración. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la estadística de condena en costas a la Administración sobre el total de procesos judiciales que esta pierde?

-. Que la propia Comisión habría contribuido a mantener el IVMDH puesto que “habiendo iniciado un procedimiento de infracción contra el Reino de España en el año 2002, lo mantuvo en suspenso desde el año 2008, sin que finalmente se llegase a interponer demanda de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia”. Sobre este pretendido argumento, traigo aquí a colación las acertadas consideraciones de Pedro Herrera al respecto: Es cierto que, tras largas negociaciones dicho procedimiento quedó en suspenso y la comisión nunca llegó a demandar a España ante el Tribunal de Justicia. Ahora bien, existen indicios de que esta actitud no se debió a un cambio de opinión por parte de la Comisión, sino más bien al compromiso por parte de España de suprimir el citado impuesto y sustituirlo por un recargo autonómico en el Impuesto sobre Hidrocarburos que se autorizaría en la futura Directiva (Propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, COM(2011)169 final ).

En efecto, la Ley 2/2012 de 29 de junio suprimió el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (Disposición Derogatoria Tercera) y estableció la posibilidad de crear un recargo autonómico en el Impuesto sobre Hidrocarburos  (Disposición Final 20ª, por la que se introduce un nuevo art. 50 ter en la Ley de Impuestos Especiales)”.

Ergo lo que subyace en la “intrahistoria” de todo este patético episodio -siempre según la versión de toda una autoridad como Pedro Herrera- es que, a cambio de que la Comisión “olvidara” el asunto, se adquirió el compromiso de legalizar el IVMDH mediante su inclusión en los IIEE, promesa que -¡oh, cosas del destino!-, sin embargo, no se cumple hasta ¡cuatro, sí, sí, cuatro años! después; pero, eso sí, ahora, esa impresentable demora en cumplir lo prometido pretende argüirse como un ingrediente que sustenta la ausencia de responsabilidad patrimonial, precisamente, del ¡propio incumplidor! Desde luego he conocido a morosos dando “excusas de mal pagador” bastante más sólidas que esta.

Ítem más: en su día, ya en 2000 (es decir, antes de la vigencia del IVMDH), la Secretaría de Estado de Hacienda constituyó una Comisión para el estudio y propuesta de un nuevo sistema de financiación de las CC. AA. (sí, ¡ya entonces se andaba a vueltas con esta rueda de molino!, ¡qué cruz!); Comisión que en 2002 emitió un Informe en el que, entre otros extremos, se hacía eco de la opinión de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE, precisamente, sobre el asunto de marras, siendo así que aquella no admite matices: “el proyecto presentado, relativo a la introducción de impuestos con tipos de gra­vámenes diferentes en las Comunidades Autónomas aplicables… a los hidrocarburos no respetarían la legislación comunitaria”. ¿Cómo es posible que esa perspectiva europea, ya anterior incluso a la introducción del IVMDH, se “relea” ahora en el sentido de que fue precisamente la Comisión la que “contribuyó claramente al mantenimiento en vigor” del malhadado “céntimo sanitario”?

-. Y ya para terminar, ¿qué decir de que “la declaración de ausencia de buena fe de las autoridades autonómicas y centrales españolas efectuada por el TJUE en su sentencia Transportes Jordi Besora (…), no equivale a una declaración de existencia de infracción manifiestamente caracterizada, puesto que uno y otro concepto son diferentes? Dedique, por favor, tan solo un segundo a imaginarse a la AEAT haciendo tan laxas interpretaciones favorables a la exoneración de responsabilidad cuando le toque resolver alegaciones de contribuyentes en el seno de procedimientos sancionadores… No me lo diga: está Ud partiéndose de risa solo de pensarlo, ¿no? Pues eso…

De todos modos, consuela saber que, aún así, y siempre según el propio Consejo de Ministros, este país se caracteriza por “cumplir con los compromisos europeos”

En fin, que todo parece apuntar que estamos ante un caso más en el que se pone de manifiesto de manera burda y tosca la idiosincrasia propia de Españistán, donde, como ya bien advertía Galdós, “no hay cosa, por desatinada que sea, que no pueda ser verdad”.

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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

 

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11 respuestas a And now… tax news from ‘Españistán’

  1. Buenas Javier,
    Tu lectura es acertadísima. Yo también he echado en falta la mención a la STS que es la “madre del cordero” de las responsabilidades del Estado por incumplimientos comunitarios. Asimismo, también advertí una argumentación retorcida y falaz, que mezcla resoluciones que se refieren a otro tipo de procedimientos -devolución de ingresos indebidos, v.g.- con motivaciones pueriles o evanescentes.
    Es lamentable y lo peor es la actitud de puro mamporrero del Consejo de Estado, que en lugar de dar una visión imparcial al asunto cuestionado, le sirve argumentación adicional al Consejo de Ministros actuando de forma absolutamente servil.
    Pero, dicho esto, ¿y qué te parece el último párrafo de la STC sobre el ISD de Valencia? A mí me parece digno de enmarcar por el tufo prevaricante que tiene. El Tribunal empieza recordando que los efectos de sus resoluciones son para situaciones que no sean firmes en vía judicial, recordando la ley que lo regula y determinadas sentencias previas. Pero, a partir de ahí, continúa con una disertación “en clave” que acaba con un signo de tres puntos (…) que, comúnmente, se utiliza para dejar una frase inacabada, ¿dónde se ha visto tal desfachatez de que en el fundamento jurídico de una sentencia se deje una afirmación sin terminar? En fin, hablaré de ello en próximos capítulos. Un abrazo fuerte y buena Pascua. Esaú

  2. Estimado Esaú:

    Muchas gracias por tu comentario.

    En cuanto a tu observación sobre el párrafo final del FJ 6 de la STC relativa al ISD valenciano, confieso que no había reparado en ello y que, efectivamente, ya desde un punto de vista estético, es cuando menos llamativa la presencia de esos puntos suspensivos. Indagando algo en los antecedentes, creo que el asunto se remonta a alguna de las STCs que cita como precedente, pues sin ir más lejos, el FJ 7 de la referenciada STC 161/2012 ya incluye esos … ¿Patologías del “corta y pega”?

    Un abrazo fuerte.

    • Y en lo que respecta a tu observación acerca del papel desempeñado por el Consejo de Estado, reproduzco literalmente las consideraciones que él mismo plasmó en la página 364 de su INFORME DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA INSERCIÓN DEL DERECHO EUROPEO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL (fechado en febrero/2008):
      “Por lo que respecta a la eficacia y primacía del Derecho comunitario, la dimensión administrativa de estos principios tiene reflejo en el poder-deber de inaplicar normas internas y en la revisión de actos firmes por parte de la Administración, con base en la contradicción de unas u otros con el Derecho europeo”. Quizá pueda decirse más alto, pero no más claro.

  3. jose luis bosch dijo:

    Queridos Javier y Esaú: ambos, como siempre, muy acertados en vuestras observaciones jurídicas y ortográficas.
    Mas, digo yo, ¿con base en qué precepto de su LOTC -que debiera ser la que regula su funcionamiento- el TC puede delimitar los efectos temporales de su pronunciamiento? Ni el art. 39 ni el art. 40 LOTC se lo permiten.
    Seguro que sabéis el origen de esta doctrina. Vid., al respecto, el trabajo del maestro García de Enterría en Civitas, REDA, y su asunción por la STC 45/1989.
    Pero, claro, lo que no se puede es copiar la doctrina sentada por otros tribunales extranjeros (TS norteamericano, TC alemán o italiano). Entre otros motivos, porque la Ley que regula su funcionamiento sí que lo permite.
    Incluso, en Italia existe una Oficina en la Corte Costituzionale dedicada a evaluar económicamente las consecuencias de sus decisiones, para, en su caso, ordenar, o no, la retroacción.
    Insisto, pero si así se quiere, que se establezca en su Ley Orgánica. De lo contrario, parece que, precisamente, la “impunidad es la regla”, y que, cuanto mayor sea la burrada jurídica, más tranquilidad para el Legislador pues seguro estará de que el TC delimitará los efectos de su pronunciamiento.
    En fin, otro mito jurídico, otra zona de penumbra del derecho, que debiera ser demolida.
    Un abrazo a ambos, y a todos los lectores del blog.

  4. Muchas gracias, Jose Luis, por esa interesante reflexion que, creo, abunda en nuestra peculiar idiosincrasia.
    Un abrazo.

  5. Ignacio Arráez dijo:

    Sabias palabras las vuestras: las de Javier en su blog (increible lo del Consejo de Ministros), las de Esaú sobre la sentencia del TC, y las de José Luis en su certera reflexión.

    Por aportar algo original: En el tema de ISD, lo más pintoresco se encuentra en La Rioja, donde se aplica la bonificación a través de una suerte de reciprocidad, de forma tal que si al residente en La Rioja le aplica la bonificación en Valencia, al valenciano le aplicara en La Rioja. En fin, utilizaré el recurso literario del TC, ….. (puntos suspensivos)

  6. Bien apuntado, Ignacio.

    El caso de La Rioja ya es parejo a la reciprocidad tan típica de los CDIs.

    En fin, como bien dices, …

  7. Se adjunta “link” a un reciente artículo de Araceli Mangas (Catedrática de Dº Internacional) relativo al 30º aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las entonces CCEE, en el que afirma: “No creo que España sea un Estado de Derecho europeo”.
    http://www.elmundo.es/opinion/2015/06/08/5574714922601dc7448b4575.html

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  9. Pingback: La Ley 40/2015 o el ocaso de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador | Espacio Tributario

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