60 horas en Sevilla: el Congreso Tributario

Escribo estas líneas en el avión que, desde Sevilla, me lleva de regreso a mi casa. Es un vuelo corto (nacional, “doméstico” en la macarrónica terminología aeronaútica), pero lo suficiente como para que este rato me sirva para recordar, ordenar y sistematizar varias de las ideas que bullen en mi cabeza tras lo vivido en los últimos dos días y medio.

El motivo de mi estancia (necesariamente breve, aunque en Híspalis el tiempo siempre parece que es insuficiente y que uno está abocado a volver una y otra vez…) no era otro que asistir al XI Congreso Tributario que, coorganizado por el CGPJ (Consejo General de Poder Judicial) y la AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales), -a la que tanto me honra pertenecer-, en esta ocasión tenía por lema: “La Justicia y los contribuyentes ante la reforma de la Ley General Tributaria”. Y, además, mi presencia allí no lo era solo en condición de asistente/oyente (prefiero el término “escuchante”, que denota un voluntario “plus” de atención), que también, sino además como ponente.

Y es que tuve el muy comprometido (por lo que el nivel de estos encuentros exige) privilegio de intervenir en la primera ponencia con la que se abría el Congreso y que versaba sobre la “La prescripción en el ámbito tributario: la eficacia interruptiva de las declaraciones informativas, la prescripción del derecho a comprobar por la Administración tributaria y las obligaciones tributarias conexas. La posición del Tribunal Constitucional”. El reto era aún mayor considerando que, para abordar tal empresa, me tocó en suerte compartir “cartel” con dos genuinos pesos pesados en la materia: Violeta Ruiz Almendral (Letrada del Tribunal Constitucional) y César García Novoa (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario), siendo así que, en lo que a mí respecta, el encargo que se me encomendó pasaba por focalizar mi intervención en las “obligaciones conexas” tal y como estas se contemplan en la inminente reforma de la Ley General Tributaria.

Sobre las “conexas”, algo ya he anticipado en esta bitácora, y lo he hecho siempre desde una temerosa cautela: partiendo de la certeza de que las obligaciones conexas existen (eso es tangible y, como tal, constatable), ya con anterioridad a que el BOE pretenda venir a embridarlas, mucho me malicio que el resultado de esta pretendida regulación, lejos de minimizar su enrevesamiento y consiguiente litigiosidad, va a venir a liar aún más las cosas. Y me explico, como Jack “el destripador”, por partes:

-. Lo primero que llama la atención es su nebulosa (y abierta) definición legal, pues estas se conceptúan como “aquellas en las que alguno de sus elementos resulten afectados o se determinen en función de los correspondientes a otra obligación o período distinto”. La clave del asunto debe focalizarse en el término “elementos” pues estos, siempre según el artículo 8 LGT, son el propio hecho imponible, el devengo, la base imponible y liquidable, el tipo de gravamen y “los demás elementos directamente determinantes de la cuantía de la deuda tributaria”. ¿Alguien da más? Porque parece obvio que el nexo de unión (de “conexión”, en puridad) que genera ese vínculo entre unas obligaciones tributarias y otras es, así, cuasinfinito. Estamos, pues, ante una definición tan amplia que parece del todo inabarcable.

-. Y si esa enormidad de la definición se predica ya de su propio concepto, ¿qué decir del alcance temporal? Es decir, ese vínculo, ese nexo de unión que determina la “conexión” entre unas obligaciones y otras parece proyectarse sine die hacia el futuro (o el pasado, según), lo que incrementa aún más, si cabe, el universo de situaciones fácticas susceptibles de verse afectadas por la regulación que ahora se nos brinda.

-. Parece, sin embargo, que ese universo que ahora se abre ante nuestros ojos sí pretende acotarse desde una perspectiva subjetiva (quizá, paradójicamente, la dimensión a la que pudiera ser menos aconsejable haberle puesto límites) pues los efectos de esa conexión se predican respecto a aquellas obligaciones “del propio obligado tributario”. De este modo, quedan “extramuros” de esta regulación las controversias, no siempre de fácil resolución, que se deriven de la relación entre retenedores/retenidos, repercutidores/soportadores, o aquellas que se suscitan al cuestionarse el auténtico tributo que grava una operación (vgr.: ITP vs IVA).

-. Como elemento de cierre, un aviso a navegantes: me da la impresión de que la regulación de las “conexas” que ahora se nos brinda, viene a intentar (otra cosa, ya veremos, es que lo logre y, de ser este el caso, que su resultado sea jurídicamente acertado) cerrar el resbaladizo asunto de la suspensión de los efectos extrarrecaudatorios de los actos tributarios, quilombo procedimental mayúsculo donde lo haya y que -a día de hoy, tal y como aquí se ha dado cuenta en varias ocasiones- es una herida abierta (y sangrante) en las, ya de por sí, turbulentas relaciones entre los contribuyentes y el fisco. Veremos…

Por lo demás, en lo que al Congreso se refiere, su formato -ya clásico- siempre es una magnífica oportunidad para que todos los profesionales que giramos alrededor del complejo mundo tributario compartamos nuestras inquietudes, que no son precisamente ni pocas ni, tampoco, menores. Y es que ahí (esta vez en Sevilla, como tantas otras, por ejemplo, en Valencia), bajo la siempre atenta y diligente batuta de Manuel Baeza Díaz-Portales (Magistrado del TSJ-Valencia, y meritorio Director de estos eventos), confluimos los asesores fiscales (con todas sus manifestaciones “étnicas”: gestores, abogados, economistas, titulados mercantiles, …), con la Magistratura especializada en el ámbito impositivo, con la doctrina científica y -¡cómo no!- con la Administración. Entre esas cuatro patas se organizan las distintas ponencias que, expuestas o dúo (o, incluso, a trío), sirven de escaparate privilegiado para poner de manifiesto las distintas sensibilidades respecto a un mismo tema.

En esta ocasión, como reza el título del Congreso, el análisis técnico se centró en el proyecto de Ley de reforma de la LGT del que este “blog” ha ido dando cuenta con cierta intensidad en los últimos meses. Y es que entre los profesionales “de lo tributario” existe la convicción de que esta reforma (esta sí) toca algunos de los pilares básicos de la relación contribuyentes/fisco, afectando a varios aspectos fundamentales de nuestro entramado legal; tan es así que en algunos de ellos pudiera suscitarse un debate de índole constitucional sobre su ortodoxia jurídica. La sensación general fue que es obligado estar muy atentos al debate parlamentario, observando con detenimiento donde se pone la coma o, en su caso, el punto y coma, para detectar el genuino sentido último de la reforma abordada. Como dirían los anglosajones: “wait and see”.

En fin, por lo demás, Sevilla es siempre un marco incomparable donde cualquier evento de estas características cuenta con un éxito seguro, también en su faceta lúdico-festiva cuya genuina finalidad -al menos en el caso del Congreso Tributario- no es otra que establecer canales de interlocución (y, por tanto, de fructífero diálogo) entre los diferentes eslabones de la cadena tributaria: contribuyentes (aquí representados por los asesores), Administración, doctrina y Justicia. Al fin y al cabo, se trata de fortalecer esas relaciones (también, en cierto modo, “conexas”) entre unos y otros para que las ideas fluyan y que, de ellas, surjan puntos de encuentro que coadyuven a reducir nuestra insoportable inseguridad jurídica y su colateral litigiosidad. ¡Ea!

Y, en ese aspecto, estos congresos (que con esta alcanzó su undécima edición), ya han dado sobradas muestras de ser todo un éxito; tanto que, según se clausura, uno ya está pensando en asistir al siguiente…


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Javier Gómez Taboada. Abogado tributarista.

Socio de MAIO LEGAL

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5 respuestas a 60 horas en Sevilla: el Congreso Tributario

  1. Juan Castro dijo:

    No menos honrados ellos de compartir púlpito contigo. Gracias Javier por tus siempre acertados y meticulosos análisis.

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